La mayoría de las empresas no saben  lo que se están jugando

El sector farmacéutico es un mercado que podríamos definir como singularísimo debido a que la actividad en este sector está fuertemente regulada y las especificaciones que deben ser observadas abarcan múltiples aspectos relativos a salud pública, subvenciones, publicidad, licencias, propiedad intelectual, delitos contra la intimidad, hacienda pública y otros. Cualquier infracción en este sector puede acarrear graves consecuencias tanto para la empresa y sus responsables como para los clientes. Contar con un sistema de compliance no solo protege a la empresa, sino  favorece la confianza de los clientes, proveedores o colaboradores.  Por otra parte, según la Ley de Contratación del Sector Público, las exigencias son cada vez más estrictas en materia de cumplimiento normativo para los proveedores de la Administración.

Es este un sector fuertemente regulado donde se trabaja con personas vulnerables y las consecuencias de una negligencia pueden ser ciertamente irreparables. Mantener a salvo nuestra empresa de responsabilidades resulta primordial. El riesgo de comisión de delitos relacionados con la salud pública, protección de la intimidad, Hacienda Pública, fraude en subvenciones y otras, han de ser cuidadosamente evaluado y sometido a control.

La imagen de prestigio y responsabilidad que supone contar con un programa de Compliance nos ayudará a distinguirnos de nuestra competencia y a favorecer la contratación con el sector público.

Las instituciones religiosas, por su propia naturaleza, no pueden permitirse en modo alguno asumir riesgos que pongan en peligro su credibilidad. Cuestiones a modo de ejemplo, relativas al manejo de las finanzas o a la relación con menores y discapacitados han de ser objeto de una especial atención.

En la implantación de una cultura ética ocupan sin duda un lugar destacado y por tanto es especialmente relevante visibilizar el compromiso con el buen hacer ético tanto desde el punto de vista interno de la institución como muy principalmente, de cara a la sociedad en la que operan.

Sector estratégico, expuesto a una amalgama legislativa extremadamente cambiante, con normas cada vez más exigentes y que tienen su origen tanto en la Unión Europea, como en regulaciones estatales o autonómicas. Además de su diverso origen es preciso atender tanto a cuestiones medioambientales como de salud pública, pero también protección de datos, propiedad industrial, fiscal y otros.

Elaborar un compliance adecuado requiere una comprensión total de la organización, estudio de la legislación sobre cada industria en concreto y sobre cada uno de los productos. Ya sea que tratemos de la industria pesquera, cárnica o agropecuaria o se trate de vinos, aceites, bebidas alcohólicas u otros contar con un buen sistema de compliance resulta fundamental tanto para operar con seguridad y evitar graves consecuencias de un incumplimiento como para distinguirnos de nuestra competencia.

Sectores en los que el compliance fiscal o medioambiental adquieren gran relevancia.

La elaboración y observancia de medidas en relación con pago de impuestos, concesiones o licencias, derechos de explotación, información privilegiada, data privacy, corrupción y fraude, selección de proveedores o protección de medio ambiente, entre otras, resultan vitales en estos sectores.

A modo de ejemplo, la existencia de protocolos adecuados de investigación de proveedores y procesos de compras a efectos de evitar responsabilidades por conductas de éstos puede evitar grandes perjuicios para la compañía y sus responsables.

En cuanto a las cuestiones medioambientales, por su transcendencia para nuestro planeta y para la reputación de la compañía, exigen un pormenorizado tratamiento para cumplir escrupulosamente toda la normativa y dar un paso más que nos diferencie como empresa sostenible.

Por los riesgos inherentes a la actividad que desarrolla, es un sector de alto riesgo. La probabilidad de comisión de delitos relativos al tráfico de drogas, órganos o personas, corrupción de funcionarios extranjeros y otros es ciertamente significativa; y aunque en la inmensa mayoría de los casos el propio empresario o transportista no solo no tenga conocimiento, sino que incluso procure evitarlo.

El diseño de procedimientos y medidas que controlen la carga, traslado y descarga de mercancía o la atención a las cláusulas de compraventa internacional devienen fundamentales en este sector. Tanto es así que la primera condena del Tribunal Supremo a una empresa por su ausencia de un programa de compliance lo fue a una empresa de este sector.

 Tanto se trate del envío de cartas o documentos como de paquetería o envío de dinero, son estas actividades en las que los riesgos de comisión de delitos de variada naturaleza son importantes. Afectados tanto por normativa nacional como internacional, su observancia ha de ser cuidadosa ya que estas empresas se ven afectadas principalmente, aunque no exclusivamente, por riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de drogas o armas, descubrimiento y revelación de secretos entre otros.

Requiere conocimiento actualizado de la normativa aplicable en materia de protección de datos y garantía de los derechos digitales, y medidas de control de carga, traslado y descarga de mercancías.

Esta es una rama de actividad en la que es preciso ser cuidadoso con los riesgos existentes dentro de la organización, pero no es suficiente; con bastante frecuencia los riesgos de mayor gravedad provienen de la actividad de los proveedores, distribuidores, representantes, clientes y otros con los que mantenemos relaciones de negocio por lo que es precisa una implementación de atienda a todas esas relaciones y que cubra a nuestra empresa de cualquier responsabilidad por hechos de terceros.

Para la implementación de un buen sistema es preciso atender exhaustivamente a la normativa tributaria, tanto a las directrices y recomendaciones de la Hacienda Pública como de los Organismos de la Unión Europea pero también cubrir otros riesgos relacionados con delitos económicos, contra la salud pública, propiedad intelectual o industrial y muchos otros.

No solo la evitación de las temidas sanciones o graves daños reputacionales lo que se persigue en este sector con la implementación de un programa de compliance, hemos de destacar además de una manera intensa las ventajas económicas que lleva aparejada. Los grupos inversores, cada vez con mayor frecuencia, son extremadamente exigentes con las empresas en las que invierten y con el sistema de cumplimiento normativo de éstas.

Las conductas relacionadas con sobornos, blanqueo de capitales medioambiente, hacienda pública, ordenación del territorio u otras pueden acarrear serias responsabilidades no solo para los constructores o contratistas sino también promotores y no solo por su propia actividad sino incluso por la de terceros ya sean estos clientes o proveedores.

La extensa y variada legislación en esta materia exige un programa bien adaptado que asegure el cumplimiento de la normativa que le afecta y que alcance a todas las partes interesadas.

En este importante sector para la economía de nuestro país, la importancia de un buen programa de compliance, además de por la evitación de riesgos penales inherentes a la actividad, suele venir de la mano de las exigencias de los proveedores o clientes, usualmente internacionales, a los que se suman los requerimientos de las aseguradoras.

Por las características específicas de sus productos, normalmente singulares, de elevado valor y cuya construcción puede dilatarse a lo largo del tiempo, es preciso un sistema de cumplimiento normativo que esté especialmente atento a los cambios legislativos que puedan surgir. Los riesgos a abarcar son muy amplios y relacionados con materias muy diversas tales como delitos contra la hacienda pública, corrupción, fraude, salud pública, propiedad industrial, cohecho, medioambiente y muchos otros.

Es de tener en cuenta que cualquier riesgo en la construcción de estas embarcaciones puede poner en peligro la continuidad misma de la empresa, no solo por las sanciones a las que se puede enfrentar que pueden ser graves, sino porque el prestigio de la misma en un mercado con un número limitado de clientes y en el que un retraso puede suponer cuantiosas pérdidas, puede resultar definitivamente dañado.

Bien sea que la gestión de estos negocios los lleve a cabo el propio titular de los mismos o que tenga subcontratada ésta, un programa de compliance bien adaptado, resulta esencial para evitar responsabilidades penales a la compañía o incluso a los titulares de los mismos. Un programa de cumplimiento normativo adecuado evita a la empresa y sus administradores de hecho o derecho y sus responsables de consecuencias penales por actos de trabajadores, proveedores, clientes, favorece la confianza de todos sus skateholders y su reputación.

Esto es esencial en un sector donde existe público objetivo diverso y extremadamente amplio, la rotación de personal es elevada y es objeto de abundante normativa. Algunos de los riesgos a los que se enfrentan más relevantes son vulneraciones de derechos ciudadanos extranjeros, prostitución, delitos contra la salud pública, falsificación de tarjetas y cheques, fraudes y estafas, delitos contra el medioambiente entre otros, y además, aquellos comunes a toda actividad empresarial, como son delitos fiscales y contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la intimidad-revelación de secretos de nuestros trabajadores, etc.

Si hay un sector en el que la necesidad de un buen programa de cumplimiento normativo es esencial es el educativo, sector en el que el mayor protagonismo lo adquiere el “cliente”, en muchos casos alumnos menores de edad por lo que cualquier esfuerzo por mantener una conducta ética y legal intachable es fácilmente comprensible. Aunque el alumno no está integrado en la jerarquía de la empresa puede ser sujeto activo o pasivo de los delitos que se puedan cometer en el ámbito de la organización y la empresa y sus responsables pueden en consecuencia, resultar responsables de las irregularidades que se cometan.

La ventaja competitiva que supone contar con una buena implementación de Compliance adquiere mucho peso en este sector ya que acredita una gestión responsable y segura y privilegia las relaciones con la Administración Pública.