El Tribunal Supremo mediante la sentencia 154/2016 ha iniciado la línea interpretativa respecto a los presupuestos que se deben cumplir para la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exoneración.

Así, para apreciar la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha de concurrir 2 requisitos:

  • Una persona física cometa alguno de los delitos comprendidos en el Libro II del Código penal.
  • La persona física que cometa dicho delito este integrada en el seno de una sociedad y cuya consumación haya sido posible por “la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que lo integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión de los delitos enumerados”.

El propio Tribunal ha configurado la importancia de la implementación de los mecanismos de control. Así pues, ha señalado que “la ausencia de mecanismos de prevención de delitos constituye un elemento integrado en la tipicidad objetiva”, o bien dicho de otra manera, “la presencia de adecuados mecanismos de control supone la inexistencia misma de la infracción”.

Para el Alto Tribunal la ausencia de modelos de cumplimiento normativo o Corporate Compliance Program adecuados y eficaces para una sociedad quedaría integrado dentro de los elementos propios de la tipicidad objetiva como “núcleo típico de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Es por ello, que establecer la implementación de un programa de cumplimiento normativo se ha convertido en una necesidad  y no en la mera voluntariedad recogida en el artículo 31 bis del Código Penal.

Por otra parte, cuando la empresa cuenta con la implementación de programas de cumplimiento normativo, corresponderá a la acusación acreditar que la organización no cumple con“la cultura del cumplimiento” que el Código Penal exige. Sin embargo, en numerosas ocasiones será la propia sociedad la encargada de probar dicha existencia, haciendo valer así la exoneración de la responsabilidad penal, sin que ello exima a la acusación de la carga de prueba que le compete.

Por todo ello, parece claro que la implementación de un adecuado Corporate Compliance Program permite justificar “la cultura del cumplimiento” exigible por la norma penal, siendo además elemento esencial para eximir a las sociedades de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en el seno de la misma tanto por sus representantes, directivos y administradores como por sus trabajadores.