El 1 de Julio de 2015, hace ya más de año y medio, entraba en vigor la importante reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo. En los términos que ahora nos interesan, esa reforma supuso la concreción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas— tras la reforma ya operada por la LO 5/2010 en el Código Penal—. Señalándose que: los delitos cometidos tanto por administradores, directivos o en general personas que actúen en nombre de la entidad, como por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad…, cuando dicha comisión beneficie directa o indirectamente a la entidad para la cual se presta servicio, y en los supuestos en que la dirección de la empresa no haya establecido los oportunos controles para prevenir estas conductas, darán lugar a una responsabilidad penal de la sociedad correspondiente.

Abstrayéndonos de todas aquellas Administraciones y organismos con un estatuto jurídico-público relacionados con el sector sanitario— excluidos ope legis por el artículo 31 quinques del Código Penal—, en otros como: una clínica privada, en un hospital privado, o en cualquier tipo de centro sanitario de igual naturaleza; si un administrador, un gerente, un director médico, un responsable de un área asistencial o de gestión, o cualquier persona que esté sometida a la autoridad de las anteriores, comete uno de los delitos tipificados en la reforma, y dicha comisión favorece, aunque sea de manera indirecta, al centro, éste será responsable penal.

Debiendo hacerse notar que, por tanto, no sólo es necesario, para hacer valer dicha exención o atenuación de la responsabilidad penal, establecer controles sobre nuestra plantilla, sino que también es necesario hacerlo sobre profesionales médicos externos que prestan servicios asistenciales para y en el centro, con entidades sanitarias que tienen un alquiler de instalaciones dentro del mismo, prestando servicios de laboratorio, diagnóstico por imagen, hemodiálisis… y que desarrollan su actividad en muchas ocasiones, bajo la autoridad de la dirección del centro.

Esta realidad se aleja con creces de la imagen distorsionada que poseen muchos de los gerentes y directivos de este sector que ven el Compliance como una normativa que no les aplica directamente: dirigida principalmente al sector financiero, a las grandes multinacionales, o como mucho al conexo sector farmacéutico, como si el riesgo para su centro fuera residual. Nada más lejos de la realidad, ya que hay múltiples tipos penales de los establecidos en la reforma operada (listado cerrado y tasado) que se pueden aplicar al ámbito al que nos referimos; como por ejemplo:

  • Estafas: se han dado casos de implantación de prótesis defectuosas a cambio de sobornos, engaños a pacientes para cobrarles una intervención que podían haberse realizado a cargo de la sanidad pública, etc.
  • Delitos contra los consumidores: publicidad engañosa sobre el resultado de tratamientos o intervenciones.
  • Corrupción en los negocios: cuando un hospital contrata de manera irregular a alguno  de sus proveedores, por ejemplo.
  • Cohecho, fraude de subvenciones o de tráfico de influencias: cuando el centro tiene un concierto establecido con la sanidad pública: no olvidemos que la Ley de Contratos del Sector Público establece expresamente que la comisión de estos delitos, entre otros, da lugar a la imposibilidad de contratar con la administración pública.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social: se pueden dar en todos los sectores de actividad prácticamente, en el sanitario también.
  • Delitos relativos a las radiaciones ionizantes, por ejemplo en los tratamientos de diagnóstico por la imagen, o contra los recursos naturales y el medio ambiente, en relación con los residuos sanitarios generados.
  • Delitos contra la salud pública, como el suministro de medicamentos caducados o deteriorados.
  • Delitos de publicidad engañosa. Es con ocasión de la oferta de determinados servicios de medicina estética donde con más frecuencia se han denunciado este tipo de prácticas que en ocasiones ofrecen resultados que no es posible garantizar.

Si a todo le añadimos las consecuencias que legalmente se derivan para toda responsabilidad penal (imposición de penas)las consecuencias pueden ser muy graves para la persistencia de la mercantil y ya no digamos para la preservación de su reputación en un mercado tan competitivo. Hablamos de multas cuantiosas y generalmente proporcionales al valor del beneficio obtenido, suspensión de las actividades de la entidad sanitaria durante un máximo de 5 años, inhabilitación para obtener subvenciones o para contratar con el sector público durante un plazo máximo de 15 años, y otras como— quizás la más grave— la disolución de la entidad.

Es por ello nos encontramos con un panorama en el que definitivamente, el implantar un sistema de prevención de delitos en un centro sanitario no es un lujo, sino una necesidad legal y reputacional de primer orden. Máxime cuando nos hallamos en un sector, en España, altamente prestigiado ad extra y que año a año se enfrenta incluso a una alta demanda de sanidad “transfronteriza”. Ello, por no mencionar el hecho de que cada vez con mayor frecuencia se tiende a privatizar determinados servicios o la gestión de los mismos en nuestro sistema sanitario.

Aspectos que no pasan desapercibidos tampoco para las instituciones Europeas que, cada vez con mayor profusión y dejando menos margen a la interpretación legislativa y apostando más por la regulación exhaustiva, han ido apostando por exigir que los ordenamientos jurídicos de los países miembro se adapten a estas nuevas exigencias claramente orientadas más a la prevención que a la corrección. Buena muestra de ello es el reciente Reglamento Europeo en materia de protección de datos—íntimamente ligada con el Compliance penal— que claramente apuesta por ese enfoque de prevención.