Con la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, se abole en cierto modo de nuestro Ordenamiento Jurídico el viejo aforismo latino “Societas delinquere non potest”; según este principio, una persona jurídica no podía cometer delitos, al carecer de la voluntad que abarque el dolo necesario en sus actuaciones.  Dicho principio ha quedado obsoleto, en la actual situación la empresa responde penalmente por los delitos cometidos por aquellos que actuando en su nombre generen un beneficio directo o indirecto para la empresa con su actividad.

Así las cosas,  ¿Qué medidas he de tomar para no incurrir en responsabilidad por las acciones cometidas por mis empleados, colaboradores, socios…?

El Código Penal nos ofrece una respuesta con la exigencia de implementación de sistemas  de prevención de delitos a  los que se refiere como modelos de Organización y Gestión. Dichos modelos han de concretarse en la implementación de sistemas de prevención de delitos que observen las condiciones mínimas que se concretan en el artículo 31 bis 5 del Código Penal y que podemos resumir en la implementación de un programa de control eficaz, individualizado a las características del sector de la empresa en cuestión y que éste se actualice periódicamente para verificar posibles cambios en la empresa que entrañen nuevos riesgos.

Los requisitos exigibles a estos modelos de prevención de delitos para que resulten eficaces, los ha concretado la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2016. No debemos olvidar que el objetivo nuclear de estos programas es generar una cultura ética corporativa que conjure el riesgo de comisión de tales delitos y que para el caso de que se produzcan proporcionen una eximente de responsabilidad a la empresa y administradores de hecho o derecho  que hayan cumplido con su obligación de vigilancia concretada en la implementación de éstos planes de prevención de riesgos penales.