La comentada Reforma del Código Penal en 2015 en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere, al configurar un modelo de prevención de delitos específico, incluye la creación de  la figura de un “órgano con poderes  autónomos de iniciativa y control” dicho de otro modo, un  Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento.

Podemos definir como Compliance Officer a aquella persona o grupo de personas encargadas de la implementación, supervisión y gestión del Programa de  Prevención de Riesgos Penales en particular y de cualquier otra normativa de cumplimiento que sea de aplicación a la persona jurídica en general.

La figura del Compliance Officer se crea para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la Circular 1/2016 Sobre La Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas De La Fiscalía General de Estado,  los cuales son:

–          Un órgano cuya creación sea específica para desarrollar la función de supervisión del programa de riesgos penales de la sociedad.

–          Que  sea propio de la persona jurídica, con independencia de la existencia de servicios externos que ayuden a ejercer tal función.

–          Que cuente con independencia, formación, nivel de autoridad, iniciativa y asignación presupuestaría apropiada para llevar a cabo de forma eficaz la implementación y supervisión del Programa de Prevención de Riesgos Penales.

El Compliance Officer se ha posicionado como garante del cumplimiento normativo de una sociedad, mutando la responsabilidad de supervisión y vigilancia que incumbe al empresario.

Es por ello que la labor del Compliance Officer ha cobrado suma importancia en los últimos tiempos, máxime cuando el cumplimiento efectivo de sus funciones,  como recoge el artículo 31 bis del Código Penal, puede conllevar la exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Entre las funciones generales del Compliance Officer se encuentran:

– La identificación y evaluación de los riesgos penales ya que éste tiene como primera función la identificación de los delitos que puede cometer la sociedad y evaluar el riesgo de incumplimiento y sus consecuencias.

– Implementación del Programa de Prevención de Riesgos Penales y ello sin perjuicio de que cuente con el asesoramiento externo de profesionales cualificados que le ayuden en esta labor de implementación.

– Gestión del Programa de Prevención de Riesgos Penales, que se concreta principalmente en supervisar que el Programa se cumpla o reaccionar en caso de incumplimiento, abriendo una investigación sobre la incidencia detectada y si efectivamente se ha producido un incumplimiento llevando a efecto la medidas disciplinarias que esté aprobadas para ese supuesto.

– Como función de suma relevancia, tiene el deber de divulgar entre el personal de la sociedad el contenido y medidas recogidas en el Programa de Prevención de Riesgos Penales. Deberá garantizar que el personal de la empresa reciba la formación periódica y adecuada en materia de cumplimiento normativo relacionada con su puesto de trabajo.

– Si en la labor de revisión periódica, se detectara  cualquier incidencia que pueda afectar al cumplimiento normativo efectivo de la sociedad, procederá a modificar el Programa para adecuarlo a la realidad de la empresa y comunicará al personal de la sociedad tanto la modificación realizada en el Programa como las nuevas medidas adoptadas.

No debemos olvidar sin embargo que  la imputación de la responsabilidad al Compliance Officer no exime de responsabilidad al Consejo De Administración u órgano directivo de la empresa por ser el verdadero garante de la adopción del Programa de Prevención de Riesgos Penales.