PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES VS. COMPLIANCE PENAL

Dada la relación entre el riesgo y el accidente, no es concebible, el funcionamiento de una empresa sin la aplicación de una gestión preventiva que se ocupe de conjurar, en la medida de lo posible, tales riesgos.

A día de hoy, aunque no haya sido siempre así, nadie cuestiona que la observancia de la normativa en prevención de riesgos laborales resulta inexcusable en el desarrollo de cualquier actividad económica, dado que no hay actividad sin riesgo. Ha calado hondo en la inmensa mayoría de los empresarios, que el preocuparse y ocuparse de la salud y seguridad de los trabajadores no es negociable. Ahora bien, ¿es la conjura de este riesgo la única digna de atención en el ámbito empresarial? La respuesta es un no rotundo.

En el desempeño de cualquier actividad en la que intervengan personas, existe una probabilidad más o menos alta de comisión de infracciones legales que pueden acarrear responsabilidad.

Si bien resulta vital contar con un sistema que pueda proteger a los trabajadores y empresarios ante posibles peligros en el desarrollo de su actividad, esta protección en modo alguno tiene que limitarse a delitos de lesiones u homicidio, lo que sería el caso si nos ocupamos únicamente de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Hasta fechas recientes, en el caso de otras infracciones legales que tuviesen relevancia penal, la sociedad respondía solo civilmente; responsabilidad que por otra parte podía ser asegurada.  Sin embargo ¿qué hay de los riesgos penales que las compañías asumen a día de hoy? ¿Es la situación tan sencilla como hasta fechas recientes?

El escenario es ahora muy diferente. La atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas y a los administradores o responsables si infringen los deberes de vigilancia y control ha entrado con fuerza en nuestro sistema legal.

Hablamos de “el punto y la I“ porque no puede concebirse uno sin el otro, una empresa preocupada por cumplir la normativa laboral con tanta  razón al menos, debería ocuparse de protegerse a ella misma y a sus directivos de otros muchos riesgos. A fecha de hoy el catálogo de delitos que generan responsabilidad para la persona jurídica es de casi cuarenta. Solo un sistema que favorezca una cultura ética en la empresa y que lleve a cabo una gestión adecuada de los riesgos puede garantizar un desempeño de la actividad seguro.

 

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Judith Gómez Álvarez

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